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Com a col·legi membre del CGCEES, ens fem nostre el seu comunicat amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades. 

Aquest dia es commemora el 20 de juny, coincidint amb l’aniversari de la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats de 1951.

Tal i com ens recorda el comunicat del Consejo, a l'actualitat només el 32% dels 65 milions de persones desplaçades es troben protegides per aquesta Convenció, que 68 anys després de ser promulgada s'ha quedat obsoleta i necessita una urgent revisió.

“Les persones refugiades fugen dels conflictes, la persecució i les violacions dels drets fora de les fronteres del seu país o en desplaçaments interns. La seva condició i la seva protecció estan definides pel dret internacional, no han de ser expulsades o retornades a situacions en què les seves vides i les seves llibertats corrin risc”. A través d’aquest comunicat i com a membres del CGCEES ens comprometem a “donar suport i col·laborar amb les administracions, entitats i xarxes d'entitats que treballen en l'acollida de persones immigrades i al servei de les que sol·liciten asil”.

A més a més, amb motiu del Dia Mundial de les Persones Refugiades, hem creat l’etiqueta #EdusoESacogida per visualitzar a les xarxes socials les aportacions de l'Educació Social, especialment a twitter. Us animem a fer-la servir el mateix dia 20 de juny durant tot el dia.

 

COMUNICAT DEL CGCEES (descarregar en pdf)

El 21 de octubre de 1978 las Cortes Españolas aprobaron el texto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, redactado en Ginebra el 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptado en Nueva York el 31 de enero de 1967.

El 4 de diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 55/76 en la que declaraba el 20 de junio DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS, haciéndolo coincidir con el Aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Las personas refugiadas huyen de los conflictos, la persecución y las violaciones de los derechos fuera de las fronteras de su país o en desplazamientos internos. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, no deben ser expulsadas o devueltas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo.

Teniendo en cuenta las cifras manifestadas por el informe CEAR 2018, hay más de 70 millones de personas desplazadas de manera forzada, el mayor éxodo en los últimos años. El derecho de asilo en España en 2017 marcó cifras récord en un sistema obsoleto. Diversos obstáculos en el sistema de acceso, problemas de salud mental y la deficitaria intervención, hacen una necesaria revisión de la normativa y de su aplicación e intervención.

En la actualidad, sólo el 32% de los 65 millones de personas desplazadas (21 millones) se encuentran protegidas por esta Convención, que 68 años después de ser promulgada se ha quedado obsoleta, necesita una urgente revisión.

Teniendo en cuenta que nuestro Código Deontológico, además de fundamentarse en la Constitución española, asienta sus bases ideológicas entre otras, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y no sólo como una expectativa, o como una esperanza recogida en una declaración o un texto legal, sino como principio rector del ejercicio de la profesión.

Ante esta situación el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES):

  • Solicita al Estado español y a todos los Estados miembros de la Unión Europea que se garanticen vías de acceso a la protección internacional, legales y seguras, en países de origen y de tránsito, de acuerdo con el derecho a la libre circulación de las personas, tal como queda recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
  • Insta a los Gobiernos a fomentar la cultura de la paz y a trabajar para erradicar las causas que originan la injusticia, la violencia estructural, la guerra y la vulneración de los derechos humanos y que son la base de los movimientos forzados o no deseados de población.
  • Denuncia las dificultades, el bloqueo y la expulsión, por parte de algunos gobiernos europeos, de las ONG que participan en el salvamento, la acogida y el acompañamiento de las personas refugiadas y solicita que les dejen trabajar con libertad en operaciones de búsqueda y rescate de personas migrantes.
  • Solicita que se garantice la inclusión de las personas inmigradas junto a un desarrollo social y educativo digno, así como el compromiso para aplicar medidas contra el racismo y la xenofobia.
  • Pedimos que los Estados de la Agenda 2030 aporten datos fiables y desagregados por género y estatus migratorio, que permitan visibilizar la vulneración de derechos que viven las personas en desplazamiento y, en especial las mujeres migrantes.
  • Instamos a la administración pública y organismos oficiales a que cumplan esta Agenda 2030 en lo que se refiere a facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras en los desplazamientos y responsables con las personas, con políticas migratorias planificadas y bien gestionadas.

El CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES se compromete a apoyar y colaborar con las administraciones, entidades y redes de entidades, que trabajan en la acogida de personas inmigradas y al servicio de las que solicitan asilo.